Panorama Suizo 5/2018

Panorama Suizo / Septiembre de 2018 / Nº5 12 Política JÜRG MÜLLER Percibir indebidamente prestaciones sociales a expensas de la comu- nidad no se considera un delitomenor. Cuando este tipo de situación sale a la luz pública, es comprensible que suscite gran indignación. Tal es el caso, por ejemplo, de unamujer que, según un certificadomédico, apenas podía caminar, aunque luego semarchó caminando sobre unos altos tacones, según relató la Consejera Nacional del PDC (PartidoDe- mócrata Cristiano), Ruth Humbel, en el debate parlamentario. El su- ceso fue grabado por cámaras de videovigilancia. Pero, ¿hasta dónde puede llegar esta vigilancia? A esta pregunta tuvo que contestar el Parlamento durante el debate sobre el nuevo fundamento jurídico de tal medida. Esto debido a que el Tribunal Eu- ropeo de Derechos Humanos y el Tribunal Supremo Federal suizo ha- bían denunciado la insuficiente base legal para efectuar vigilancias. Como quiera que sea, este tipo de fraude a los seguros no es muy co- mún: según la Oficina Federal de la Seguridad Social, en 2017 se de- tectaron 630 casos de fraude al seguro de invalidez. Esto representa un 0,3 por ciento sobre un total de 220 000 beneficiarios y beneficia- rias. Dos tercios de los casos no han salido a la luz gracias a la vigilan- cia, sino, entre otras cosas, a reiteradas evaluaciones médicas. Pese a todo, el Parlamento ha promulgado una ley bastante estricta. Según plantea la nueva ley, las compañías de seguros—es decir, el seguro de invalidez, el seguro de vejez y supervivencia, el seguro de enfermedad, el seguro de accidentes, el seguro de desempleo, el se- guro de prestaciones diarias, las prestaciones complementarias—po- drán “vigilar a un asegurado de manera encubierta, realizar graba- ciones de audio y vídeo, así como utilizar medios tecnológicos de localización”. Tales intervenciones podrán ser llevadas a cabo por un miembro de la dirección de la aseguradora, la cual también podrá con- tratar a “especialistas externos”, es decir, a detectives privados. “Los instrumentos técnicos de localización”, es decir, los rastreadores GPS o los drones, deberán ser autorizados por un tribunal. El Consejo Federal instó a la moderación En vísperas del debate parlamentario, algunos profesores deDerecho advirtieron en contra de una ley excesivamente ambiciosa. El Consejo Federal tampoco quería autorizar la localización por GPS. El Minis- tro del Interior, Alain Berset, aludió a la protección de la intimidad y al principio de proporcionalidad. Pero la línea dura prevaleció en el Parlamento. Alex Kuprecht, del Consejo de los Estados de la UDC (Unión Democrática del Centro), dijo confiar más en el sentido prác- tico que en los profesores de Derecho. Según Pirmin Bischof, miem- bro del Consejo de los Estados del PDC (PartidoDemócrata Cristiano), los localizadores GPS son necesarios para poder ubicar a las personas, ya que a fin de cuentas son precisamente los defraudadores quienes suelen ausentarse de su domicilio. Los críticos del proyecto también se comprometieron a combatir el fraude, aunque respetando los principios del Estado de derecho. La Consejera Nacional del PSS (Partido Socialista Suizo), Silvia Schenker, argumentó que no todo elmundo debería ser considerado sospechoso por unos pocos cientos de delincuentes. Por su parte, Hans Stöckli, del Consejo de los Estados por el PSS, recordó que el Parlamento había re- chazado recientemente endurecer la ley para los delincuentes fiscales. El seguro hace de policía Pese a todas las críticas del Parlamento, la izquierda no quería promo- ver un referendo. El PSS temía que se produjera un debate sobre los “pa- rásitos sociales” y sólo se decidió cuando un diminuto grupo en torno a la escritora Sibylle Berg y el especialista en campañas Dimitri Rougy (véase “Selección”, página 31) lanzóuna exitosa campaña de recogida de votos en internet. “Nunca antes”, afirmaron los opositores a la Ley de Vi- gilancia, “una ley había invadido tanto la privacidad de todos nosotros. Esta ley inclusopermitefilmar enel dormitorio cuando éstepuede verse desde el exterior”. A los líderes del referendo lesmolesta especialmente el hecho de que las propias aseguradoras puedandecidir si vigilan a sus clientes y cotizantes, y por quémedios. En su opinión, la lucha contra la delincuencia, las investigaciones y, en particular, las operaciones de vi- gilancia son responsabilidad exclusiva de la policía y no de las asegura- doras. Un detective social que trabaja para una aseguradora se encuen- trabajo ciertapresiónparaproporcionar a las aseguradoras las imágenes que éstas esperan. Ycomo todo elmundo lo sabe, “las aseguradoras quie- ren pagar lomenos posible”, argumentan los opositores a esta ley. ¿Tendremos pronto a las compañías de seguros en nuestro dormitorio? El 25 de noviembre de 2018, el pueblo decidirá si aprueba o no una estricta ley contra los abusos en el sector de la seguridad social. Un grupúsculo ha promovido un referendo en contra de los detectives sociales. La escritora Sibylle Berg (a la derecha), la Consejera Nacional Silvia Schenker y Dimitri Rougy en la entrega de las firmas. Fotografía: Keystone