Panorama Suizo 5/2020

Panorama Suizo / Septiembre de 2020 / Nº5 14 La diligencia debida en otros países En la Unión Europea (UE), las empresas deben rendir cuentas, desde 2018, sobre la manera en que velan por el medioambiente y el respeto de los derechos humanos. No obstante, existe la posibilidad de que la Comisión de la UE endurez- ca la directiva correspondiente. También aumen- tan las voces que exigen una ley sobre la cadena de suministro, lo que obligaría a las grandes compañías a evitar los riesgos en este campo. En Alemania, tras el poco éxito que tuvo un plan de acción voluntario, el gobierno anunció a fines de 2019 una posible “ley sobre la cadena de creación de valor”. En Francia rige desde 2017 una ley de diligencia debida, que también esta- blece el derecho a exigir responsabilidad. Otros países europeos planifican leyes con exigencias similares a las de la directiva de la UE. En 2019, el Tribunal Supremo del Reino Unido consideró admisibles demandas en contra de empresas que habían violado los derechos humanos a tra- vés de sus filiales en el extranjero. (TP) Sitio web de la iniciativa: https://konzern-initiative.ch Sitio web de la alianza por el No: https://leere-versprechen-nein.ch/ por miembros de todos los partidos. Además, la creación de comités locales en pueblos y barrios debería favorecer la participación de voluntarios de la sociedad civil. En el bando contrario, la poderosa asociación Economiesuisse coordina la campaña por el “No”. Se esforzará por corregir la imagen de las grandes com- pañías acusadas de carecer de escrú- pulos y por resaltar el papel que des- empeñan las empresas suizas al contribuir a la creación de empleos en los países en vías de desarrollo. rechos humanos sean sancionadas “las grandes empresas se comportarán como es debido”, advierte Dick Marty, quien adquirió renombre internacio- nal como ponente especial del Consejo Europeo en materia de derechos hu- manos. En el ámbito económico y en los partidos conservadores, los oposito- res a la iniciativa consideran que ésta va demasiado lejos. Por ejemplo, la Consejera de los Estados de Lucerna por el PDC, Andrea Gmür, critica la “inversión de la carga probatoria”. La obligación para las empresas de de- mostrar su inocencia en caso de de- manda va en contra de los principios del Estado de derecho y fomentaría las “demandas extorsionistas desde el extranjero”. “Las grandes empresas no deben ser objeto de suspicacia ge- neralizada”, afirma la política, que es miembro de la junta directiva de la Cámara de Industria y Comercio de Suiza central. Un otoño de intensa actividad Es probable que la campaña se inten- sifique a principios de octubre, tras el gran domingo de votaciones del 27 de septiembre (véase Panorama 4/2020). Los promotores de la iniciativa cuen- tan con el apoyo del PSS, de los Verdes y de un comité ciudadano integrado Política Andrea Gmür: La iniciativa despertará suspicacia generali- zada en torno a las empresas y fomenta- rá las “demandas extorsionistas”. Fotos parlament.ch deberían comunicar en sus informes de actividades las medidas que imple- mentan para cumplir su obligación de obrar con diligencia. Esta regulación es equiparable a la rendición de cuen- tas en la Unión Europea (véase el re- cuadro) y entraría en vigor automáti- camente en caso de rechazarse la iniciativa. “Una simple coartada sin efecto” Dick Marty, Copresidente de la inicia- tiva “Multinacionales responsables”, califica esta contrapropuesta de “sim- ple coartada sin efecto”. El ex fiscal del Tesino y Consejero de los Estados por el PLR recalca: “Todos sabemos que son los grandes grupos empresariales sin escrúpulos los que más publicitan su imagen en folletos de papel cuché”. Sólo cuando las violaciones de los de- Dick Marty: Las gran- des empresas sólo se comportarán como es debido “cuando las violaciones de los derechos humanos sean sancionadas”. Tanto los partidarios como los opositores de la iniciativa (aquí una de sus pancar- tas) llevan a cabo in- tensas campañas. Foto Keystone